• NOTICIA: Diputados acusan a Zelaya de violar la Constitución

    Diputados al Congreso Nacional pidieron ayer que la Fiscalía investigue las actuaciones del presidente de la República Manuel Zelaya con respecto a la decisión de cerrar parcialmente las operaciones del aeropuerto internacional de Toncontín y abrir el de Palmerola.

    Estos congresistas sostienen el argumento de que el presidente Zelaya ha cometido el delito de "abuso de poder y violación de los deberes de los funcionarios", al atribuirse funciones que no le corresponden y que están debidamente delimitadas en la Constitución de la República.

    El diputado Antonio Rivera Callejas presentó ayer el proyecto de reforma del artículo 39 de la Ley de Aeronáutica Civil para dejar claramente establecido que previo al inicio de operaciones, funcionamiento y cancelación de los puertos aéreos o marítimos "se deberá solicitar la debida autorización al Congreso Nacional".

    Según Rivera, el presidente Zelaya cometió una violación del artículo 205 numerales 42 y 43 en donde se establece una atribución indelegable del Congreso Nacional de "autorizar puertos, crear y suprimir aduanas y zonas libres a solicitud del Poder Ejecutivo", así como reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo.

    De acuerdo con este inciso, solamente el Congreso Nacional tiene esa potestad y, en consecuencia, la decisión del presidente Zelaya de cerrar Toncontín y abrir el Aeropuerto de Palmerola "es inconstitucional" porque el CN no lo ha autorizado.

    La reforma a la Ley de Aeronáutica Civil tiene el propósito de propiciar la reapertura del Aeropuerto Toncontín, en base a lo que dice la Constitución de la República y que hasta que no sea autorizado por el Congreso no puede operar el de Palmerola.

    La iniciativa de Rivera ha sido ampliamente respaldada por diputados de las cinco bancadas ya que -a su juicio- la Constitución es tajante en el sentido que la apertura y cierre de puertos es una atribución indelegable del Congreso.

    El presidente Zelaya tomó la determinación de restringir los vuelos categoría C y D en Toncontín, después del accidente del vuelo 390 de Taca que dejó el saldo de cinco muertos, tres que viajaban en la aeronave y dos personas que transitaban en el lugar donde cayó el avión.

    Al mismo tiempo ordenó que la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi, hacer los trámites en menos de sesenta días para la apertura actividades de aeronavegación civil en el Aeropuerto de Palmerola.

    El cierre parcial de Toncontín ha provocado una serie de consecuencias tales como la cancelación de operaciones aéreas; cierre de establecimientos comerciales con la consecuente pérdida de empleos o despidos; cancelación de congresos, foros y convenciones y paquetes turísticos; disminución de las operaciones en el sector turístico, hotelero y empresarial; reducción en los ingresos fiscales nacionales y municipales; aumento en la morosidad de los propietarios de taxis por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con instituciones del sistema financiero nacional; reducción del movimiento de personas y capital en los centros turísticos al entorno de la capital; así como daños psicológicos, emocionales y económicos a más de 300 mil familias.

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